Infonavit permitirá a invasores regularizar viviendas a bajo costo: Octavio Romero Oropeza

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, anunció una medida que ha generado polémica y expectativa en distintas regiones del país: las personas que actualmente ocupan viviendas del Infonavit de manera irregular no serán desalojadas y, por el contrario, tendrán la opción de adquirir legalmente las propiedades a un costo accesible.

Durante su declaración, Romero Oropeza explicó que esta decisión busca dar una solución humanitaria y práctica a la problemática de los fraccionamientos abandonados o invadidos, donde muchas familias han vivido durante años sin certeza jurídica sobre sus hogares. El funcionario subrayó que el objetivo es regularizar estas viviendas, evitar conflictos sociales y garantizar el derecho a la vivienda digna.

“En lugar de criminalizar a las personas que han ocupado casas abandonadas por necesidad, estamos abriendo un camino legal para que puedan comprarlas a un precio justo”, afirmó Romero Oropeza.

Esta política se enmarca en los esfuerzos del gobierno federal por rescatar viviendas abandonadas y reintegrarlas al tejido urbano, mediante esquemas que permitan su recuperación y uso productivo. Además, se buscará establecer mecanismos de pago flexibles, adaptados a las condiciones económicas de las familias ocupantes.

El anuncio ha generado reacciones mixtas: por un lado, colectivos sociales y defensores del derecho a la vivienda han aplaudido la medida; por otro, organismos empresariales y algunos sectores de la ciudadanía han expresado preocupación por el mensaje que podría enviar sobre la legalidad y la tenencia de la propiedad.

No obstante, el Infonavit aseguró que el proceso de regularización se realizará con orden, bajo registro y previa evaluación de cada caso, descartando que esto represente una “amnistía total”.

Con esta iniciativa, el Infonavit busca transformar el problema de la ocupación irregular en una oportunidad para ampliar el acceso a la vivienda y recuperar patrimonio público que ha estado en el abandono por años.